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Impulsan otro paradigma para la educación especial


A partir de este año, una nueva resolución del Consejo General de Educación (CGE), dará cabida a una serie de transformaciones en la educación especial entrerriana. Una de ellas será el cambio de nombre de estas instituciones, que en poco tiempo pasarán a denominarse 'de educación integral'. También las escuelas de educación integral tendrán una modalidad no ciclada, con opciones de enseñanza tecnológica, deportiva y artística.
 
La responsable de Educación Especial del CGE Flavia Mena, informó que “están al salir” unas resoluciones que implican novedades para esta modalidad de enseñanza. Entre las transformaciones previstas, figuran nuevos lineamientos curriculares para encarar la educación en estas instituciones, orientaciones para los equipos técnicos como el Servicio de Atención Interdisciplinario Educativo (SAIE), normativas de orientación educativa en el nivel secundario, siempre desde la perspectiva del reconocimiento de la educación especial.
Asimismo, la resolución traerá consigo un cambio en la denominación de las 30 escuelas especiales de gestión privada y las 44 de gestión estatal que existen en la provincia de Entre Ríos y que a partir de este año, comenzarán progresivamente a conocerse con el nombre de escuelas “de educación integral”.
La denominación propuesta obedece a todo un marco normativo dado por la ley nacional Nº 26.378 -que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo-, la ley nacional de Educación Nº 26.206, la ley provincial de Educación Nº 9.890 y la ley provincial de Discapacidad Nº 9.891.
“Implica cambios en la política educativa, es otra mirada filosófica y pedagógica acerca de la educación especial”, explicó Mena. La idea es detectar discapacidades de manera precoz así como poder brindar atención a personas con discapacidad, a lo largo de toda la vida, agregó la funcionaria a cargo del área.
La iniciativa resulta novedosa, pues se trata de “algo que no estaba sucediendo en la provincia y además, estas normas permitirán la entrega de certificación de competencias laborales y logros en distintos planos, que nunca se otorgaron a las personas que asistían a estas escuelas y que van a significar la posibilidad de habilitarlos al ingreso al mercado laboral”, especificó Mena.
Estos lineamientos tuvieron su versión preliminar allá por 2009, en 2010 se consultó la opinión de todas las instituciones escolares involucradas, en diciembre del año pasado se formalizó la presentación y ahora se aguarda la resolución respectiva. En paralelo, se bajará tal documentación a todos los docentes, durante la semana de Docentes Estudiando, que se desarrollará en la semana del 14 de febrero en adelante, para tornar operativos los inminentes cambios al interior del aula.
Desde la Dirección de Especial vienen apostando a una mayor inserción laboral de los jóvenes con discapacidad. A inicios de la gestión, partieron de algunos datos claves: de los casi 3.000 niños y jóvenes que concurrían a escuelas especiales en la provincia, apenas ocho estaban embarcados en alguna propuesta laboral concreta. Hoy, luego de diseñar estrategias específicas y sumar nuevos recursos humanos a estas instituciones, los números se revirtieron. “En diciembre de 2010, en toda la provincia relevamos un total de 76 chicos de escuelas especiales de gestión estatal insertos en procesos de prácticas laborales y distintas formas de empleo, o bien ya trabajando, sea en puestos en la Municipalidad de Federación, en la Cooperativa de Construcción de Gualeguaychú, en sectores de panificación y góndolas de supermercados de San Salvador, como auxiliares en el sector agropecuario, como auxiliares en jardines maternales municipales de Paraná, como auxiliares de maestranza, o en emprendimientos individuales o compartidos de jardinería como los que se dan en el departamento Uruguay, Federación y Colón”, remarcó Mena.                                                                                         Fuente: Revista El Cisne. (http://www.elcisne.org/ampliada.php?id=1854)

Cerca del 33% de las personas con discapacidad es analfabeto

La exclusión educativa es uno de los mayores problemas que tiene que sortear la población con discapacidad en México. De acuerdo con datos extraídos de un documento elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 46% de esta población no ha completado la educación básica.
 
México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por ese hecho asumió el compromiso de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles. Sin embargo, el 24% de la población con discapacidad que tiene entre 6 y 29 años, nunca ha asistido a la escuela y casi el 33% de la población mayor de 15 años con discapacidad es analfabeta.
"La conformación de las estructuras educativas forma parte de un proceso que excluye de hecho a las personas con discapacidad del acceso a la educación por distintos medios", señala el texto, y agrega que la accesibilidad es uno de los problemas principales para ser usuario de las instituciones educativas.
Un transporte no accesible, instalaciones e infraestructuras inadecuadas, material educativo ajeno a las características y necesidades individuales, constituyen las causas que excluyen del ejercicio del derecho a la educación a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Hay que agregar a lo anterior la percepción negativa e incluso la violencia física o psicológica contra quienes padecen alguna discapacidad.
Impedir el acceso a la educación por el medio que sea tiene consecuencias negativas que contribuyen a una mayor exclusión de las personas. La consecuencia inmediata de no tener acceso a una educación adecuada y en igualdad de circunstancias reduce oportunidades de conseguir trabajo a las personas con discapacidad y de ser reconocidas en él.                                                                                                                 Fuente: Revista El Cisne http://www.elcisne.org/ampliada.php?id=1856